Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés.

Con la lentitud de programas para repartir fondos de ayuda para el pago de renta, y el próximo fin de las moratorias que prohíben desalojos de vivienda debido a la pandemia, legisladores estatales revelaron este jueves un esperado proyecto de ley para crear un "camino” que evite una ola de desalojos cuando acaben las protecciones.

El proyecto de ley, AB486, se produce en medio de reportes de que los propietarios se niegan a aceptar la ayuda para la renta debido a las condiciones que implica hacerlo, como la prohibición de desalojar de la vivienda a un inquilino durante un cierto período después de recibir el dinero.

El tesorero Zach Conine, cuya oficina administra los $365 millones de ayuda federal para el alquiler que ha recibido Nevada, dijo que los retrasos en conectar a los propietarios, inquilinos y los fondos, han surgido en medio de intereses y motivaciones en conflicto.

"Digamos que usted es dueño de una casa que está rentando. El valor de esa casa ha aumentado, quizás exponencialmente, en años recientes. Entonces, si tiene un inquilino que está atrasado con la renta, o incluso si está al día con el alquiler, es posible que desee recuperar ese activo para poderlo vender”, dijo Conine. "Ahora, eso obviamente entra en conflicto con el objetivo del gobierno, que simplemente es mantener a las personas seguras y en sus hogares".

Los defensores del proyecto de ley han descrito su trabajo reciente como una forma de retrasar el proceso de desalojo lo suficiente como para permitir que los inquilinos puedan recibir dólares de asistencia para que de esa manera los cientos de millones de dólares en ayuda se utilicen y no se devuelvan al gobierno.

Aunque se cree que el fondo de ayuda para el pago de renta del Condado Clark es suficiente para 40,000 hogares, se están aprobando unas 1,000 solicitudes por semana y se han aprobado 27,000 en el condado desde que comenzó el programa en julio pasado, según el Subdirector del Condado Kevin Schiller.

Los tribunales también estarían autorizados a imponer sanciones civiles a un arrendador que haya desalojado injustamente a un inquilino y también requerirían que el propietario pague los costos del demandante y los honorarios de los abogados.

La medida también busca abordar el requisito de que un inquilino debe solicitar ayuda y que un propietario no la puede pedir en su nombre, aunque el dinero finalmente termine en manos del propietario.

Antes de este proyecto de ley se presentaron otros que no se aprobaron en esta sesión legislativa en medio de la oposición de agentes inmobiliarios y grupos de propietarios, por lo que legisladores Demócratas confían en que esta nueva iniciativa represente un avance.