Ayuda para renta y evitar desalojos no son suficientes para resolver problemas de vivienda en Nevada

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés.

Incluso con una moratoria estatal y federal para prohibir desalojos de vivienda debido a la pandemia, desde hace cinco meses Alexia Catala se ha estado defendiendo para evitar ocho diferentes intentos que buscan desalojarla de la casa que está rentando en Henderson.

Catala, quien es madre de cuatro hijos, dijo que ya estaba pasando apuros cuando le recortaron el sueldo en su trabajo, y perdió la manutención de los hijos. Luego la despidieron. No ha pagado la renta desde noviembre.

Su expediente judicial ahora incluye los intentos de su arrendador para desalojarla debido a la falta de pago en la renta, molestias, preguntas sobre el seguro de alquiler y el vencimiento de un contrato de arrendamiento.

Algunos de esos intentos tuvieron un éxito preliminar, pero se detuvieron mediante apelaciones. Eso crea obstáculos que, según ella, le impiden seguir adelante.

“Me distrajo tanto en el trabajo que creo que eso también contribuyó a que me despidieran”, comentó en entrevista. “He estado entrando y saliendo de los tribunales. Tenía que estar tratando constantemente de entender qué hacer o preocupándome de un día iba a regresar a la casa y mis cosas están adentro, bajo llave, si no se me permite entrar a mi casa".

La historia de Catala es un ejemplo de cómo las moratorias para prohibir los desalojos no han disipado todas las presiones relacionadas con la vivienda que están experimentando las familias de Nevada. Tampoco sirvieron los $364 millones de dólares que el estado ha recibido en ayuda federal reciente para el pago de la renta.

En muchos casos, los inquilinos aprobados para ese apoyo — incluyendo Catala — han descubierto que los propietarios no quieren aceptar el dinero, a veces debido a la condición de que los propietarios no deben desalojar inmediatamente al inquilino después de recibir los fondos.

También existe el desafío de que en el Condado Clark las solicitudes de alquiler del mes pasado se aprobaron a un ritmo mucho más lento de lo que los funcionarios habían pronosticado, y hasta la fecha solo se han distribuido $97 millones de dólares.

Existe una gran urgencia para solucionar el problema: Queda menos de un mes para que se venzan las protecciones de desalojo a nivel estatal, y menos de dos meses para las que establecieron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). 

"Esto significa que no se asusten y no permitan que nadie le diga que las protecciones de desalojo no tienen validez", dijo Bailey Bortolin, de la Coalición de Proveedores de Servicios Legales de Nevada. "Los inquilinos deben continuar presentando las declaraciones de los CDC, solicitar ayuda para el pago de la renta, y, si reciben un aviso de desalojo, presentar [una] respuesta y elegir la mediación".

La administradora de la propiedad de Catala, Sherri Parker-Hewlett, agregó que solo quiere que termine el arrendamiento y que el dueño de la propiedad optó por no renovar el contrato de renta de Catala cuando expiró en enero.

Catala fue aprobada para los fondos de asistencia para el alquiler en las últimas dos semanas, pero dijo que la administradora de la propiedad aún no ha aceptado los fondos y, en cambio, presentó otro aviso para finalizar la renta el día después de que Catala le notificó acerca de la opción de ayuda para la renta. 

Catala agregó que quiere pagar la deuda con los fondos federales y terminar los procedimientos de desalojo y demandas de reclamos menores; pero algunos de esos están programados para audiencias hasta bien entrado el otoño y no le permiten conseguir su próxima vivienda, especialmente en un mercado competitivo.

Parker-Hewlett dijo que el propietario no ha rechazado rotundamente la posibilidad de aceptar el dinero de asistencia para el alquiler, pero no confía en las implicaciones de aceptar el dinero cuando simplemente quiere que el inquilino se vaya.

En las entrevistas, ambas mujeres calificaron las acciones de la otra como "absurdas". Catala dijo que la administradora de la propiedad está usando "tácticas de intimidación y miedo", mientras que Parker-Hewlett afirmó que su inquilino le habla "como ... si fuera un perro".

La administradora de la propiedad agregó que solo ha presentado lo que permite la ley y que "no es en absoluto excesivo". Catala, por otro lado, comentó que desearía tener más apoyo para no tener que enfrentar el proceso judicial sola. 

“Espero que se hagan algunos cambios para ayudar a los proveedores a dar un poco más de alivio a los inquilinos que enfrentan algo como esto”, dijo Catala.