Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que fue publicada en The Nevada Independent.

La muerte de George Floyd a manos de un policía anglo a fines de mayo provocó una serie de protestas enmarcadas en el movimiento Las Vidas Afroamericanas Importan (Black Lives Matter) este mes en Nevada y la nación, lo que también generó enfrentamientos tensos entre oficiales y manifestantes.

Tanto en Reno como en Las Vegas, la policía respondió a las protestas con lo que algunos miembros de la comunidad calificaron como uso excesivo de la fuerza, desplegando gases lacrimógenos y disparando balas de goma contra la multitud. 

Algunos manifestantes dijeron que la policía no les habían hecho las advertencias adecuadas que debe dar antes de implementar medidas de dispersión no letales.

Durante una protesta en Las Vegas murió Jorge Gomez, un joven de 25 años cuyas circunstancias de su deceso siguen siendo controversiales porque no hay imágenes de la cámara corporal de cuatro policías que estuvieron presentes cuando le dispararon.

El oficial Shay Mikalonis del Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas, recibió un disparo en el mismo evento por alguien que, según los informes, no se encontraba allí para protestar, dejando al agente paralizado del cuello para abajo y sin poder hablar.

Siete observadores legales que asistieron a protestas para monitorear la respuesta policial fueron arrestados a principios de este mes en Las Vegas, llamando la atención y preocupando a miembros de la comunidad.

Los manifestantes pueden y deben prepararse anticipadamente para las protestas mediante el entendimiento de sus derechos de la Primera Enmienda para reunirse pacíficamente, según abogados. 

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) proporciona un resumen de los derechos de los manifestantes, y a principios de junio grupos profesionales como la Asociación de Abogados Latinos de Las Vegas organizaron un foro virtual con cuatro panelistas para aclarar detalles y complejidad de los derechos de los manifestantes.

El derecho a reunirse y protestar

La ACLU explica que el derecho a protestar es más fuerte en sitios públicos, como calles, aceras y parques, con las protecciones más amplias que ofrece la Constitución.

Otras propiedades públicas incluyen plazas o espacios frente a edificios gubernamentales, si la protesta o reunión no interfiere con el propósito para el cual el inmueble fue diseñado. Tomar fotos y video, incluyendo de funcionarios encargados del orden, también forma parte de los derechos de los manifestantes en dichas áreas.

Reunirse también está permitido en propiedades privadas, con permiso y a discreción de los dueños, quienes pueden establecer pautas y limitaciones en torno a discursos, fotos y video.

Marchas o desfiles más grandes necesitan un permiso para cerrar la calle y reservar el área para el flujo libre y el movimiento de un grupo más grande de personas. Manifestaciones que requieren el uso de dispositivos de amplificación de sonido y las que exceden la capacidad máxima en una determinada plaza o parque también necesitan un permiso.

Permisos para organizar protestas en Reno se pueden solicitar a través de la Ciudad de Reno, a menos que hagan en un parque público, entonces los permisos se deben tramitar en el Departamento de Parques y Recreación.

De manera similar, también se pueden solicitar permisos a través de la Ciudad de Las Vegas, donde los precios oscilan entre $50 y $300 dólares, según el tamaño del evento.

Los permisos no se pueden negar bajo la base de que un evento se considera controvertido o por la expresión de puntos de vista impopulares y no se pueden negar a alguien en función de su incapacidad para pagar la tarifa de una solicitud. 

La policía también tiene prohibido usar los procedimientos de solicitud de permiso como un medio para evitar una protesta en respuesta a eventos de última hora.

Si los organizadores no tienen un permiso, la protesta debe permanecer en la acera sin obstruir el tráfico vehicular o peatonal. Oficiales encargados de hacer cumplir la ley pueden pedir a los manifestantes que se alejen de calles que no estén bloqueadas, por razones de seguridad.

Sin embargo, la restricción de la ruta o dirección de una marcha o del equipo de sonido es una posible violación de la Primera Enmienda si las reglas se consideran innecesarias para controlar el tráfico o garantizar la seguridad pública o si interfieren en la comunicación con el público.

Cuando se presenten contra-manifestantes, la policía debe tratar por igual a ambos lados de la protesta y permitirles permanecer a la vista y a salvo los unos de los otros.

Órdenes de dispersión

A pesar de las protecciones de la Primera Enmienda al derecho de reunirse pacíficamente, los oficiales tienen el derecho de emitir órdenes de dispersión bajo diversas circunstancias.

"Usted podría estar violando el toque de queda, estar perturbando algo, ser demasiado revoltoso", dijo Addie Rolnick, profesora de la Escuela Boyd de Derecho de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV).

Rolnick agregó que incluso si un manifestante tiene derecho a defender su posición ante una orden de dispersión, "tal vez no intente ejercerlo en ese momento".

Lauren Beall, defensora pública en el Condado Pima, en Arizona, aclaró que negarse a dispersarse también es motivo de arresto porque el manifestante está desobedeciendo órdenes.

"Y bajo el estado de emergencia en el que se encuentran nuestros estados, [los oficiales] tienen aún más poder y aún más discreción de lo que suelen tener", agregó Beall.

Según la ACLU, las órdenes de dispersión deben ser el último recurso de las autoridades encargadas del cumplimiento de la ley y deben ser en respuesta a amenazas inmediatas a la seguridad pública.

Un reciente comunicado de prensa de la Policía Metropolitana de Las Vegas apunta a NRS 203, que identifica a la asamblea ilegal como una reunión de dos o más personas para cometer un acto ilegal y eso da motivo a implementar órdenes de dispersión.

"Un policía uniformado anunciará la orden de dispersión en inglés y en español en intervalos de 10 minutos", afirma el comunicado de prensa. "La orden de dispersión puede repetirse hasta tres veces dependiendo de qué tan grave es la actividad ilegal que está ocurriendo".

Otro comunicado de prensa aclara que se pueden tomar medidas desde la primera advertencia.

"Una vez que se produce una actividad ilegal en la protesta, y se da una orden de dispersión, todas las personas en el área inmediata deben retirarse", añade el comunicado de prensa. "No marcharse después de una orden de dispersión es un delito menor y podría resultar en un arresto o multa".

Si a un manifestante se le pide que se detenga o es arrestado

Los expertos legales subrayan la importancia de la seguridad hasta cuando esté de por medio ser arrestado o detenido por un oficial.

"Mantenga la calma", recomienda el sitio web de ACLU. “Asegúrese de tener sus manos a la vista. No discuta, no se resista ni obstruyan a la policía, incluso si cree que están violando sus derechos. Señale que no está interrumpiendo la actividad de nadie más y que la Primera Enmienda protege sus acciones".

Aunque la Primera Enmienda otorga a los manifestantes que enfrentan arrestos ciertos derechos, Beall recordó que esos derechos se deben expresar en voz alta.

"Si no está seguro de si es libre de retirarse, puede preguntar", enfatizó Beall. “Y es muy importante preguntar si está detenido o si es libre de irse. Esa es una de las frases principales que les decimos a los manifestantes y a cualquiera que haga valer sus derechos frente a la policía".

Beall subrayó la importancia de que los manifestantes entiendan cómo pueden expresar verbal y específicamente sus derechos mientras estén detenidos.

"La otra frase es 'estoy ejerciendo mi derecho a permanecer en silencio' y otra es 'no doy mi consentimiento para un registro' y otra opción es 'quiero hablar con un abogado'", dijo Beall. “Y esas son frases muy, muy importantes que todos deben saber y memorizar. No basta decir: 'Conozco mis derechos'. Tiene que decirlos para invocarlos".

Confiscar y revisar teléfonos

Los oficiales tienen el derecho a confiscar el teléfono de un manifestante, pero necesitan una orden para desbloquear el teléfono y revisar su contenido. Por lo tanto, un manifestante tiene el derecho a negarse a la solicitud de un oficial para desbloquear un teléfono.

Sin embargo, los abogados advirtieron contra las lagunas que los oficiales pueden usar debido a la tecnología actual.

La defensora pública de Royster, Rolnick y del Condado Clark, Belinda Harris, reconoció que el uso de una huella digital o tecnología de reconocimiento facial para ingresar a un teléfono inteligente permitiría a los oficiales acceder a un teléfono sin una orden judicial porque ellos tienen acceso a huellas digitales y fotografías de los manifestantes que estén detenidos, por lo que afirma que pueden usar la información que tienen en un litigio.

Los panelistas recomendaron que los manifestantes protejan sus teléfonos con una contraseña que incluya la combinación de números.

Otra estrategia que los oficiales pueden usar para ingresar al teléfono de un manifestante es ofrecer el teléfono para una llamada cuando el manifestante es detenido. En este punto, los panelistas subrayaron la importancia de memorizar números de teléfono para que no tengan que desbloquear un teléfono que esté en posesión de un oficial, sin una orden judicial.

Si se han violado sus derechos 

Si un manifestante considera que un oficial del cumplimiento de la ley violó sus derechos, la ACLU recomienda tomar el número de placa de los agentes, número de la patrulla y la dependencia donde estén asignados. Además, los manifestantes deben obtener información de testigos para que corroboren su experiencia. 

Cuando se haya reunido esta información, los manifestantes pueden presentar una queja formal ante la división de asuntos internos de la agencia del cumplimiento de la ley correspondiente, o a la junta de quejas civiles.

Los panelistas también abordaron la importancia de tener testigos y fotos o videos como evidencia y recomendaron ir acompañados a una marcha.

"Porque cuando se trata de argumentar en la corte, no es que no haya sucedido", dijo Royster. "No es que no sea un buen caso, se trata de qué tanto pesa todo y de tener más personas que lo corroboren o respalden".