Gran retroceso en iniciativa que frenaría colaboración de policía local con oficiales de inmigración

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés.

Un proyecto de ley que inicialmente proponía limitar gran parte de la colaboración entre las autoridades federales de inmigración y las fuerzas del orden locales apenas y sobrevivió una fecha límite; un ejemplo de lo políticamente riesgoso que ha sido el tema sesión tras sesión, incluso para legisladores Demócratas.

La iniciativa AB376, patrocinada por la Asambleísta Demócrata Selena Torres, eliminó el lenguaje que traza una línea entre la aplicación de la ley de inmigración y la policía local para recobrar la confianza entre la policía y las comunidades inmigrantes.

Lo que queda es una propuesta para crear el Grupo de Trabajo Keep Nevada Working, encargado de encontrar formas de fortalecer la fuerza laboral inmigrante, un llamado al fiscal general para desarrollar un modelo de políticas sobre temas de inmigración y medio millón de dólares para apoyar la defensa contra la deportación a través de la Escuela de Derecho Boyd de la Universidad de Nevada Las Vegas, UNLV.

Erika Castro, directora de organización de la Alianza de Liderazgo Progresista de Nevada, dijo que las partes que se eliminaron del AB376, son las que más le entusiasmaban a ella y a otros defensores de los inmigrantes; y agregó que ahora su prioridad es que lo que resta del proyecto se mantenga en el Senado.

“Y que de hecho el Gobernador Sisolak lo firme como ley”, agregó.

La transformación del proyecto de ley fue una de las más dramáticas antes de una fecha límite este martes para que las iniciativas superaran la primera sesión en el pleno. 

La Líder de la mayoría Demócrata de la Asamblea, Teresa Benitez-Thompson, quien figura como patrocinadora de la enmienda primaria que elimina las disposiciones más controvertidas de AB376, dijo que la propuesta de enviar medio millón de dólares a la clínica de Inmigración de UNLV era para "ayudar a nuestros colaboradores que están en las trincheras", y agregó que la clínica informó que no podía satisfacer la demanda de servicios legales pro bono para menores no acompañados y otras personas que enfrentan la deportación.

Benitez-Thompson indicó que la clínica informó que no podía satisfacer la demanda de servicios legales pro bono para menores no acompañados y otras personas que enfrentan la deportación.

“Si sienten que están detenidos ilegalmente, sienten que están siendo acosados, tendrán un lugar adonde ir y obtener ayuda”, dijo. "Y, en última instancia, esta fue nuestra solución sobre cómo hacer que el sistema sea más justo, más justo para ellos".

La falta de una reforma migratoria durante décadas, sin importar qué partido político está en el poder, continúa debilitando la confianza entre los inmigrantes, dijo Castro. Algunos de ellos en Nevada expresaron optimismo cuando el Presidente Joe Biden derrotó a Donald Trump el año pasado, pero el escepticismo permanece.

“Hemos estado esperando una forma de alivio a nivel federal durante más de 30 años”, dijo Castro, quien es beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). "Realmente necesitamos que nuestros funcionarios electos cumplan las promesas que hicieron en la campaña electoral, ahora que están en el cargo y tienen el poder para poder hacer algo".

Castro resaltó los repetidos intentos de abordar a nivel estatal la colaboración entre las agencias locales de policía y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y dijo que, si bien el esfuerzo más reciente del proyecto AB376 se ha diluido, es un progreso significativo con respecto a años anteriores.

"Esto es lo más lejos que hemos llegado con una legislación como esta", dijo. “Y seguiremos regresando hasta que se convierta en una ley, porque creo que al final del día, las deportaciones no se detienen, aunque tengamos un presidente Demócrata. Así que vamos a seguir impulsando estas políticas porque nuestras comunidades se lo merecen y necesitan ese alivio".

En esta sesión, el proyecto de ley de Torres enfrentó la oposición de las agencias de policía y de los críticos, que volvieron a argumentar que convertiría a Nevada en un “estado santuario” y alejaría a los turistas.

El Asambleísta Demócrata Edgar Flores, quien preside la comisión en la que se aprobó el proyecto de ley de Torres en su forma original hace unas semanas, reconoció que cambios en programas como el 287(g) son difíciles de explicar y la gente le tiene "miedo a esa conversación". 

“Creo que la inmigración es un tema tan intimidante para cualquiera. No importa de qué lado estés”, dijo Flores en entrevista. “Y es un tema muy pesado. Porque políticamente, es muy fácil que se convierta en algo que no es".

Por ahora, Castro y otros defensores de los inmigrantes están enfocados en conseguir apoyo para que el proyecto de ley llegue hasta el escritorio de Sisolak, y en trabajar con líderes estatales para garantizar que un posible cuarto intento de avanzar legislación como AB376 no se quede atorado en el proceso.

“Nuestras comunidades han esperado lo suficiente, especialmente con la pandemia, sabiendo que se quedaron fuera de los recursos financieros, de cualquier apoyo”, dijo Castro. "Estar en un estado donde tenemos la mayor población de inmigrantes per cápita, creo que nos coloca en un lugar donde realmente necesitamos ser intencionales sobre cómo estamos incluyendo y apoyando a nuestras comunidades indocumentadas".