Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés publicada en The Nevada Independent.

Confusión y desinformación acerca de la nueva "regla federal de carga pública" que impide que las personas obtengan estatus legal si se considera que se pueden volver dependientes de los beneficios del gobierno, no ha permitido que familias inmigrantes en el Sur de Nevada reciban beneficios y recursos disponibles para ellos, de acuerdo con un nuevo reporte publicado este jueves.

El Urban Institute, una organización de investigación sin fines de lucro, encontró que 1 de cada 5 adultos que forman parte de familias inmigrantes con niños informó que esta persona o un miembro de la familia evitaron un beneficio público en 2019, después de que se aprobó la regla pero antes de que se promulgara. 

El diez por ciento de los miembros de una familia sin hijos evitó los beneficios públicos y el número aumentó a 31.5 por ciento entre los adultos que forman parte de familias inmigrantes de bajos ingresos y con niños.

"La evasión del programa público es particularmente preocupante en familias con niños porque toda la familia podría enfrentar dificultades financieras, problemas psicológicos y problemas para acceder a la atención médica necesaria si evitan programas de beneficios cruciales y no se satisfacen sus necesidades esenciales", explicó el instituto en su sitio de Internet.

El reporte del instituto evalúa los esfuerzos en Las Vegas y Houston, Texas, para apoyar a las familias inmigrantes en medio de los efectos desalentadores de la regla de carga pública y la actual pandemia.

El reporte encontró que Las Vegas brinda una infraestructura limitada para atender a las familias inmigrantes, a pesar de la gran población de inmigrantes que hay en la ciudad, además hay una coordinación limitada para divulgar información sobre la regla de carga pública entre las organizaciones que les ofrecen servicios.

La regla de carga pública fue propuesta en 2018 por la Administración Trump y promulgada en febrero. Los beneficios públicos que forman parte de la medida que afecta negativamente la solicitud de estatus legal para un inmigrante incluyen el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), [conocido popularmente como estampillas de comida], Medicaid y apoyo de vivienda.

En una entrevista este miércoles, Sara McTarnaghan, investigadora principal del reporte, explicó los hallazgos, cómo se realizó el estudio y qué sigue para la investigación del Urban Institute. Las preguntas y respuestas se editaron levemente para extensión y claridad.

Dígame más acerca del reporte y lo que usted descubrió.

Uno de nuestros equipos en Urban (Institute) ha estado investigando los efectos de la carga pública y otros cambios en la política federal de inmigración en términos del acceso a los apoyos para las familias inmigrantes.

Así que creo que nuestro informe se podría entender como un vistazo a la experiencia de las familias inmigrantes en un área metropolitana importante, durante un período de muchos cambios en las políticas migratorias. Y luego, por supuesto, esto coincidió con el COVID-19 y una crisis de salud pública y sus consecuencias económicas sin precedentes.

En cuanto a lo que encontramos, como es el caso a nivel nacional, existe una gran cantidad de evidencia de los efectos desalentadores entre las familias inmigrantes en Las Vegas, según experiencias en bancos de alimentos, clínicas de salud y otros proveedores de servicios que tienen contacto con estas familias. Y, por lo tanto, esta preocupación real es que las consecuencias de los beneficios perdidos se sumen al peso significativo de las necesidades de salud y nutrición y el bienestar de las familias inmigrantes.

Notamos que las familias inmigrantes son las más afectadas, pero los proveedores de servicios también lo perciben. Entonces, en medio de todo este cambio a nivel federal y de las políticas de inmigración, los proveedores de servicios como bancos de alimentos y clínicas de salud a su vez enfrentan desafíos para mantenerse al día con los cambios, dar información precisa a sus usuarios y realmente, al mismo tiempo mantener la confianza entre las comunidades de inmigrantes.

¿Qué le motivó a emprender esta investigación?

Hubo mucha coordinación a nivel nacional sobre cómo los actores estatales y locales y las organizaciones comunitarias pueden ayudar a prevenir la propagación de información errónea en torno a la carga pública para reducir el efecto desalentador.

Entonces, si bien la carga pública hace que para algunos hogares de inmigrantes no sería de su interés usar ciertos beneficios porque de hecho esto podría afectar la evaluación de su estatus migratorio a futuro, en realidad es un número muy pequeño de familias inmigrantes las que se verían afectadas de esa manera.

Y la preocupación más general en torno a la regla que fue modificada es que muchas personas no entienden el rol y están optando por no recibir beneficios. No porque realmente los afecte en algún momento a futuro, sino porque no lo entienden.

Y creo que lo que nos motivó a entender mejor Las Vegas es que es el hogar de una población inmigrante creciente y diversa, pero es un poco incipiente en cuanto a su concientización comparado con los sitios que son destinos de inmigrantes y puertos de entrada de inmigrantes.

Por lo tanto, estábamos realmente interesados ​​en comprender más sobre cómo es la respuesta de una comunidad a la carga pública en el contexto de un lugar que podría tener menos infraestructura histórica y sólida para servir a las comunidades inmigrantes, en lugar de recurrir a los ejemplos que a menudo se utilizan para defender el trabajo y la investigación, tal vez desde Nueva York o California u otros.

¿Cuál cree que es el hallazgo más significativo del reporte?

Algo que no es tan sorprendente, pero que creo que vale la pena enfatizar realmente, es el costo para los proveedores de servicios que generan los cambios en la política federal de inmigración; los proveedores de servicios se agotan al mantenerse al día con estas reglas cambiantes de inmigración a nivel nacional y con el panorama político y luego con tratar de comunicar eso de una manera fácil y clara a las familias inmigrantes.

A menudo hay un papel de intermediario que tiene que suceder y depende mucho de la capacidad de las familias inmigrantes de acceder a información clara y confiable sobre cómo les afectan estas reglas a ellos o a otros en su comunidad. Y, por lo tanto, para los proveedores de servicios, existe un temor real de comunicar información no actualizada o incorrecta que podría romper el vínculo de confianza que ha perdurado con las comunidades inmigrantes a las que sirven. Y sin esa confianza, es realmente difícil llegar a las familias y obtener esos servicios y apoyo.

Entonces, para mí, lo más importante — especialmente en medio de una pandemia en la que estamos tratando de comprender nuevas formas de asegurarnos que los servicios lleguen a las comunidades necesitadas — es tener en cuenta los recursos que se requieren, la capacidad del personal que se necesita para que las agencias de beneficencia pública, organizaciones comunitarias tengan el conocimiento, capacidad cultural y lingüística y confianza para hacer este trabajo.

Porque el verdadero temor es que haya buenos servicios disponibles y familias necesitadas y esa correspondencia no se esté dando, o no se pueda dar, de manera efectiva.

Ahora que ha hecho el trabajo y sus hallazgos están publicados ¿Qué sigue? ¿Tiene algún proyecto o más investigación en proceso para dar seguimiento a este reporte?

Hay muchas preguntas emergentes sobre cómo les está yendo a las comunidades inmigrantes con el COVID-19 y la exposición desproporcionada tanto en las dificultades económicas con la pérdida de empleo y la pérdida de ingresos como en las realidades de salud pública ante la exposición al COVID. Así que creo que tratar de entender qué estrategias puede haber para los estados y localidades en ese contexto es realmente importante. Y creo que hay que luchar con esa cuestión de una gran preocupación sobre la exposición al virus, a través del desempeño como trabajadores esenciales y en sectores productivos con un alto riesgo de contagio.

Esa es un área que definitivamente necesita más trabajo. Nuestro equipo continuará tratando de comprender los impactos sociales y económicos del COVID-19 y de la recesión, así como también cómo los cambios en la política migratoria, en términos más generales, llegan a comunidades individuales y miembros de la familia e impactan su acceso a la red de seguridad.

Por lo tanto, planeamos continuar produciendo estimaciones cuantitativas del efecto desalentador, así como tratar de hacer un trabajo más cualitativo para comprender las experiencias vividas tanto de los inmigrantes como de las organizaciones y los proveedores de servicios a la comunidad que brindan servicios importantes.

Urban Institute Report by Jazmin on Scribd