Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés.

The Nevada Independent usa el seudónimo “María” para referirse a la mujer citada en este reporte debido a la naturaleza vulnerable de su estatus migratorio.

Cuando hace casi un año el Gobernador Steve Sisolak emitió una orden para cerrar negocios en todo el estado debido a la pandemia, una estilista de Reno y su esposo, quien trabaja en la construcción, estaban entre los cientos de miles de nevadenses cuyos empleos e ingresos se redujeron de golpe.

A diferencia de otros, María y su familia no eran elegibles para recibir el apoyo federal de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus (CARES, por sus siglas en inglés) porque ella es indocumentada. 

María, de 46 años, ha vivido en los Estados Unidos durante 24 años, desde que emigró de México. Su esposo y su hija, estudiante de la Universidad de Nevada, Reno (UNR), son ciudadanos estadounidenses.

La familia con estatus migratorio mixto se encuentra entre los que recibieron un pago único de $300 dólares por parte del Fondo Esperanza, una iniciativa creada el verano pasado para cerrar la brecha en la falta de ayuda federal y estatal para personas y familias no elegibles en Nevada.

Sin embargo, a principios de este año, el Fondo Esperanza había agotado su alcancía de más de $1 millón, cantidad que se distribuyó a 13 organizaciones sin fines de lucro.

“Todos esos fondos ya se usaron”, dijo Francisco Morales, ex director de asuntos públicos y relaciones comunitarias de la oficina de Sisolak y actual estudiante en la Escuela de Derecho Boyd de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV). Morales ayudó a recaudar el millón de dólares para el Fondo Esperanza y reclutó a la junta directiva.

A pesar de la cuenta bancaria vacía, Morales dijo que este no será el final de los esfuerzos del grupo para brindar ayuda financiera a las familias inmigrantes en Nevada.

“El plan es aprovechar agresivamente todas las fuentes de financiamiento posibles que existen y continuar brindando ayuda a estas familias. Como se sabe, han sido excluidos básicamente de todos los paquetes de ayuda de COVID y simplemente no les hemos podido brindar la ayuda que necesitan”, dijo.

Según Melissa Warren, portavoz del Fondo Esperanza, la Fundación Comunitaria de Nevada, la rama operativa del fondo, calcula que, hasta la fecha, más de 3,000 personas han recibido un pago de $300, según comentarios de las organizaciones participantes.

Por ahora, los líderes de la iniciativa aún se encuentran en las primeras etapas de la solicitud de fondos adicionales.

Estirando $300 durante una emergencia global

La tarjeta de regalo de $300 que María recibió a principios de enero por parte de la organización Faith in Action Nevada la ayudó a pagar la comida durante algunas semanas, pero la cantidad aún era $1,500 menos de lo que personas con estatus migratorio legal cobraron a través de pagos de estímulo federal en el último año, lo que asciende a $3,600 por hogar con dos adultos elegibles.

Además, la iniciativa de $1 millón creada con fondos privados para ayudar a los inmigrantes indocumentados en Nevada, es mínima en comparación con los más de $20 billones disponibles para la población en general a través de fondos estatales.

A pesar de sobrevivir hasta este momento sin ayuda federal, María dijo que cree que fue injusto dejar fuera a los inmigrantes indocumentados de los pagos de ayuda federal.

“Creo que todos tenemos derecho a recibir ayuda. Creo que la mayoría [de los inmigrantes] pagamos nuestros impuestos y cuando tenemos que pagarle al gobierno, ellos no tienen ningún problema con eso. En cambio, cobran intereses”, dijo.

Organizadores buscan seguir apoyando 

La organización de justicia social Faith in Action Nevada (anteriormente conocida como ACTIONN) distribuyó tarjetas de regalo de $300 a 300 personas en el norte de Nevada, según la directora regional Victoria Rios.

Desde el principio, dicha organización batalló para que se corriera la voz acerca del pago y requisitos del Fondo Esperanza, enfrentando brechas tecnológicas y del idioma. Eso se resolvió al reunirse con la comunidad, que en este caso, fue en lugares de culto.

La organización también se enfrentó a una nueva realidad: Una comunidad entera ahora los busca para conseguir recursos en medio de una emergencia nacional.

“Creo que fue muy difícil decidir cómo podríamos proteger a nuestra comunidad al mismo tiempo con COVID, y también, ¿Cómo podríamos expandir nuestra capacidad de la noche a la mañana, para que también podamos darles información adicional como recursos locales?” dijo Ríos.

Ríos agregó que a partir de ahora Faith in Action continuará recaudando fondos de forma independiente y brindando apoyo financiero a los inmigrantes y sus familias.

Esperanza en la salud

A pesar de las consecuencias económicas de estar fuera de la ayuda estatal o federal, la mayor preocupación de Maria radica en la salud de su familia y la protección contra el COVID-19.

Su esposo, de 58 años, tiene hipertensión y diabetes, que es más común entre los latinos y las personas de color, lo que significa un alto riesgo para él. 

En un momento durante la pandemia, la hija de María, de 20 años, que vive en casa con sus padres, dio positivo al COVID-19. María y su esposo tomaron todas las medidas necesarias y no se han infectado con el virus, pero el creciente número de conocidos que se infectan o mueren por el virus los tiene nerviosos.

Además de la situación de alto riesgo de su esposo, María y su familia no tienen seguro médico; otro obstáculo.

Para María, la salud está primero que cualquier situación económica. Mientras ella y su familia estén sanas, dijo, podrán trabajar y mantenerse por sí mismas, pero sin su salud, se quedarían sin opciones. 

“Esperemos que con las vacunas y todo lo que está saliendo y que la gente siga cumpliendo con el uso de cubrebocas, que todo esto pueda terminar pronto, que podamos ver un poquito la luz y poder volver un poquito a la vida, como era antes”, dijo. “Teniendo fe en Dios, encontraremos la salida".