COMUNIDADES INMIGRANTES

Los legisladores aprobaron la iniciativa AB376, que destinará $500,000 dólares a la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV) para ampliar los servicios de defensa legal para inmigrantes en proceso de deportación, a quienes no se les garantiza un abogado. Contar con asesoría legal a menudo marca la diferencia entre lograr un estatus documentado, o ser expulsados ​​del país.

La legislación también crea la Fuerza para Mantener a Nevada Trabajando como parte de la oficina de la vicegobernadora. El objetivo del grupo es fortalecer el camino profesional de los inmigrantes.

La propuesta fue degradada significativamente de su versión anterior, que prohibía a la policía local detener a personas a solicitud de las autoridades de inmigración a menos que el individuo tuviera una orden de aprehensión. La versión que aprobó la Legislatura requiere que el fiscal general desarrolle políticas modelo para limitar la colaboración entre la policía local y el personal federal de inmigración en la medida de lo posible.

Las agencias locales deben adoptar políticas consistentes a las recomendadas por la fiscalía general, o notificar a dicha agencia por qué no se están adoptando.

Los defensores de los inmigrantes dicen que la colaboración de la policía local con los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha afectado la confianza de las comunidades, por lo que muchos evitan denunciar delitos cometidos en su contra por temor a ser deportados si piden ayuda.

Una medida Republicana para permitir específicamente la llamada colaboración 287(g) entre las agencias policíacas de Nevada y ICE se quedó estancada sin audiencia en el pleno. Las principales agencias judiciales, incluyendo el Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas, suspendieron su colaboración con ICE ante cuestionamientos sobre la constitucionalidad del programa, aunque activistas dicen que todavía existe un vínculo informal, y algunas agencias; como la Oficina del Alguacil del Condado Nye, han continuado aplicando la 287(g) a pesar de su ambigüedad legal.