'DACAversario:' Los DREAMers marcan 9 años de batalla por obtener el estatus de residencia permanente

Los líderes locales y los defensores de los inmigrantes marcaron el noveno aniversario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA son sus siglas en inglés) al pedir una vez más la acción del Congreso respecto a la legislación pendiente que creará un camino hacia la ciudadanía para miles de "DREAMers". 

El martes se conmemoró el aniversario del programa DACA de la era Obama, que protege a unas 640,000 personas en todo el país que fueron traídas indocumentadas cuando eran menores, incluidas unas 12,000 que residen en Nevada, según datos gubernamentales

“Hoy es una celebración increíble para nosotros con este aniversario – o 'DACAversario' – que hemos festejado todos los años, y la emoción que rodea al recordar el 15 de junio de 2012, cuando muchos de nosotros nos despertamos con la emoción de lo que podría venir”, dijo durante una conferencia de prensa en Las Vegas Astrid Silva, beneficiaria del DACA y directora ejecutiva de Dream Big Nevada. 

Varios funcionarios electos acudieron para ofrecer mensajes de apoyo a los asistentes y llamar a la acción a las Senadoras Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen y a la administración Biden. 

El Congreso está considerando la Ley de Promesa y Sueño Americano, que fue aprobada por la Cámara de Representantes, así como la Ley DREAM. Cada medida tiene como objetivo crear un camino hacia el estatus permanente para cientos de miles de personas cubiertas por DACA que viven en los EE. UU. con estatus temporal. 

La legislación propuesta se produce después de que el programa fue reinstalado en diciembre de 2020 tras ser suspendido por el expresidente Donald Trump en 2017. Si bien el programa se suspendió, solo se permitió hacer renovaciones, ya que la administración Trump dejó de aceptar solicitantes que se presentaban por primera vez. 

Una demanda de 2018 en Texas se suma a la incertidumbre sobre el destino del DACA – el Juez del Tribunal de Distrito de los EE. UU. Andrew S. Hanen, del Distrito Sur de Texas, podría decidir que el DACA es ilegal. Silva instó a los nevadenses elegibles a que presenten su solicitud lo antes posible teniendo eso en mente. 

“No se trata necesariamente de apresurarse o causar pánico. Hemos estado esperando la decisión de la corte desde el 22 de diciembre, así que cada día que pasa digo, 'sí, un día más para aplicar', pero esto no es algo que siempre va a ser estable”, advirtió Silva a The Nevada Independent en una entrevista. “No hay fecha límite, pero hay factores externos que podrían cambiar todo. Y esto se mueve rápido, muy rápido". 

Dream Big Nevada y la Immigrant Home Foundation, organizaciones que se enfocan en la defensa de la inmigración, brindando recursos y apoyo, llevaron a cabo su primer taller presencial para solicitantes del DACA por primera vez después de realizar solo talleres virtuales desde diciembre. Durante los nueve años que ha existido el programa, la Immigrant Home Foundation ha ayudado a más de 5,600 solicitantes del DACA, incluidos los que solicitan por primera vez dicha protección y quienes hacen una renovación, según Cristhian Barrera, coordinador del programa DACA de la fundación.

“Muchos de nosotros pensamos que esto iba a ser algo temporal, que nos protegería mientras se resolvía en el Congreso, por lo que es emocionante ver cómo todos hemos crecido – pero es también muy frustrante”, señaló Silva el martes. “Y algunos días, es muy, muy fácil querer rendirse …. Pero tenemos que levantarnos y recordar que hemos llegado hasta aquí gracias a todos nosotros. Hemos llegado a este punto porque todos tus sueños son importantes".

Nevadenses piden acción del Congreso tras decisión de Corte Suprema que dificulta camino hacia residencia permanente para TPS

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés.

Defensores de la inmigración, familias, y quienes decidieron manifestar su apoyo, se reunieron este jueves por la noche en una vigilia frente al tribunal federal en el centro de Las Vegas, ondeando banderas estadounidenses y portando letreros exigiendo la residencia legal para beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS).

Este tipo de activismo no es nada nuevo para quienes están protegidos por el TPS. Continuamente se sienten a punto de perder su derecho a vivir en los EE.UU. Entonces, una vez más, después de una reciente decisión de la Corte Suprema,se reunieron para insistir al Presidente Joe Biden y al Congreso la creación de un camino hacia la residencia permanente.

“¡Se ve, se siente, el pueblo está presente!, ¡Se ve, se escucha, estamos en la lucha! Ni COVID, ni el viento detiene el movimiento …”, coreaba el grupo, organizado por el Centro de Trabajadores Arriba Las Vegas.

Manifestantes participan en una vigilia frente al Palacio de Justicia Lloyd D George en Las Vegas, en respuesta a un fallo de la Corte Suprema contra beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). Jueves 10 de junio de 2021. (Daniel Clark / The Nevada Independent).

A principios de esta semana, la Corte Suprema emitió un fallo que prohíbe a los titulares de dicho programa ajustar su estatus migratorio para convertirse en residentes permanentes legales u obtener "green cards" si ingresaron ilegalmente al país. 

Los beneficiarios del TPS llevan años buscando una solución más estable y permanente a su estatus temporal, que se debe renovar cada 18 meses.

El fallo deja sin opción a los titulares del TPS que no pasaron por un proceso de revisión y no fueron autorizados por un oficial de inmigración para ingresar al país; a medida que se acerca una fecha límite a principios de octubre, cuando expira el estatus de protección para beneficiarios de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán. 

Sin el TPS, los beneficiarios perderán la autorización de trabajo legal y estarán sujetos a deportación.

"¡No somos uno, no somos cien, somos 11 millones, cuéntenos bien!" coreó el grupo, en referencia no solo a los beneficiarios del TPS, sino a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que también están buscando un camino a la ciudadanía.

Ni el TPS, ni la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) incluyen un camino hacia la residencia legal permanente y ciudadanía.

Manifestantes participan en una vigilia frente al Palacio de Justicia Lloyd D George en Las Vegas, en respuesta a un fallo de la Corte Suprema contra beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). Jueves 10 de junio de 2021. (Daniel Clark / The Nevada Independent).

Sin embargo, el fallo Corte Suprema protege a beneficiarios del TPS que ingresaron a los EE.UU. de manera legal. Por ejemplo, si los titulares actuales entraron con visa, se quedaron más del plazo de la visa y luego se les otorgó el TPS, pueden solicitar la residencia permanente.

Tepesianos de Nevada continúan su lucha 

Walter Martinez, titular del TPS, originario de El Salvador y habitante de Las Vegas, ha estado en los Estados Unidos por más de 20 años. Su madre emigró primero para escapar de la pobreza. Martínez la alcanzó después de graduarse de la preparatoria, y, poco después de haber llegado a la unión americana, a él se le concedió el TPS.

“Me dio la oportunidad de tener una Real ID. Pude abrir una cuenta bancaria, aprender a conducir y, honestamente, sentí que ya no estaba escondido”, dijo Martínez en la vigilia del jueves.

“Creo que eso es lo que nos pasó a muchos de nosotros — pensamos que iba a haber una reforma migratoria y no sucedió”, dijo. "El próximo paso realmente es seguir luchando".

Ese es el mensaje que el grupo esperó enviar a Biden y a las Senadoras Demócratas por Nevada Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen.

Walter Martínez, beneficiario del TPS, dirige un discurso durante una vigilia frente al Palacio de Justicia Lloyd D George en Las Vegas, en respuesta a un fallo de la Corte Suprema contra beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). Jueves 10 de junio de 2021. (Daniel Clark / The Nevada Independent).

Una asistente a la vigilia, a quien The Nevada Independent no nombrará debido a la naturaleza vulnerable de su estatus migratorio, se solidarizó con los beneficiarios del TPS el jueves por la noche. Su esposo fue deportado hace tres años, dejándola como el único sostén de sus tres hijos. La mujer inmigrante ha vivido en los Estados Unidos desde hace 20 años; pagando impuestos, trabajando y criando a sus hijos, dos de los cuales son ciudadanos estadounidenses.

Si bien ella no es titular del TPS, reconoció que libra la misma batalla por un camino hacia la residencia permanente para ella y su hijo mayor, quien es beneficiario de DACA.

“Trabajamos muy duro, pero estamos en las sombras, nos pagan salarios bajos, no tenemos un contrato, a veces incluso soportamos el abuso de nuestros jefes”, dijo. “No es fácil para nosotros, especialmente con la incertidumbre de si al día siguiente todavía se nos permitirá estar aquí, nuestros hijos, nuestras vidas están aquí. Tener que volver a nuestros países sería como empezar de cero”.

Después de que su esposo fue deportado, ella no pudo cubrir los gastos de la familia y tuvo que mudarse a una habitación en la casa de una amiga con sus dos hijos menores. Temía que su hija no se graduara de la preparatoria debido a sus condiciones de vida, agravadas por el estrés y la pandemia. Pero la mujer dijo que su arduo trabajo valió la pena, ya que pudo comprar una casa móvil después de ahorrar dinero. Su hija se graduó la semana pasada.

Manifestantes participan en una vigilia frente al Palacio de Justicia Lloyd D George en Las Vegas, en respuesta a un fallo de la Corte Suprema contra beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). Jueves 10 de junio de 2021. (Daniel Clark / The Nevada Independent).

Una 'situación provisional'

Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV), destacó la frágil realidad que siguen enfrentando los titulares del TPS.

“Los presidentes van y vienen y que la gente tenga su vida y su futuro dependiendo completamente de quién ganó las últimas elecciones es una forma terrible de vivir para la gente”, dijo. “Y, en este caso, estamos hablando de personas que llevan aquí más tiempo que yo. He estado [en Nevada] desde 2011".

Si bien inmigrantes de Nevada apoyaron a Biden durante las elecciones del año pasado con la esperanza de que su administración fuera más amigable con ellos que bajo el gobierno de Trump, también sintieron que la reforma migratoria era una posibilidad remota.

Es posible que el gobierno de Biden no sea totalmente responsable de emitir el fallo sobre el TPS, pero Kagan precisó que la administración tampoco es inocente.

“La administración Biden lo pidió. Podrían haber retirado este caso y evitar esta decisión, pero siguieron adelante. Así que fue una verdadera decepción para muchos de nosotros. Las manos de la administración Biden no están limpias con esta decisión”, dijo.

Kagan agregó que los beneficiarios y partidarios del TPS deben tener la esperanza de que el gobierno, como mínimo, renovará el programa antes de octubre, aunque no es la solución definitiva que se espera.

El Acta del Sueño y la Promesa Estadounidense (American Dream and Promise Act of 2021) recientemente fue aprobada por la Cámara de Representantes con una votación de 228-197, con nueve Republicanos a favor. La medida permitirá que los titulares del TPS se conviertan en residentes permanentes legales siempre y cuando cumplan con requisitos como vivir en los EE.UU. durante al menos tres años (a partir de la aprobación del proyecto de ley) y pagar una tarifa. 

El proyecto se limita a los beneficiarios del TPS a quienes se les otorgó el estatus de protección el 17 de enero de 2017 o antes, y no incluye las designaciones más recientes. para inmigrantes de Venezuela o Birmania.

Manifestantes participan en una vigilia frente al Palacio de Justicia Lloyd D George en Las Vegas, en respuesta a un fallo de la Corte Suprema contra beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS). (Daniel Clark / The Nevada Independent).

Para que el proyecto de ley tenga éxito en el Senado, se necesitará el apoyo de todos los Senadores Demócratas y al menos 10 Senadores Republicanos para superar la regla que requiere 60 votos. Con eso en mente, los titulares del TPS de Nevada están pidiendo que el Congreso y la administración Biden aprueben la medida a través de la reconciliación presupuestaria; un proceso que permite que la legislación se apruebe con 50 votos, más el voto de la Vicepresidenta Kamala Harris.

"Si no se aprueba ninguna ley, entonces la administración Biden será simplemente un período de alto el fuego en una guerra más larga", dijo. "Entonces podría venir otro presidente en enero de 2025, que retome lo que estaba haciendo Trump, y la vida entera de las personas y sus familias se verán directamente amenazadas nuevamente".

Estudiantes consiguen que universidad local siga financiando puesto clave que apoya a alumnos inmigrantes

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés.

Como hija de inmigrantes que fueron desplazados durante la guerra civil de El Salvador que duró 12 años, ser la primera en tener una carrera universitaria y luego obtener una maestría, fueron grandes logros para Jahahi Mazariego.

Pero su momento de brillar se vio empañado por la deportación de un miembro de la familia.

Licenciada en trabajo social, Mazariego, de 28 años, se propuso apoyar y trabajar para la comunidad inmigrante por medio de su nueva carrera.

Un año después de graduarse, fue contratada como la primera coordinadora de servicios sociales en la institución donde estudió, la Universidad de Nevada, Reno, (UNR).

Jahahi Mazariego posa para una foto en Reno, NV, el jueves 29 de abril. (David Calvert/The Nevada Independent).

Ahí trabajó para que estudiantes indocumentados y beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) tuvieran acceso a recursos para sus necesidades básicas, como vivienda o alimentos, asistencia financiera y becas, y apoyo de salud mental.

La universidad creó el cargo como respuesta a peticiones de los estudiantes en 2016 que exigían más apoyo para alumnos inmigrantes e indocumentados ante las políticas del entonces Presidente Donald Trump que buscaban eliminar DACA y el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Hay más de 12,000 beneficiarios de DACA y más de 160,000 inmigrantes indocumentados que viven en Nevada. No está claro cuántos estudiantes de UNR están protegidos por DACA o si son indocumentados.

DACA sobrevivió a través de un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos que tuvo lugar el verano pasado, y un juez federal ordenó la restauración completa del programa en diciembre — pero sigue enfrentando amenazas legales

Los estudiantes de UNR que no pudieron solicitar DACA durante la Administración Trump fueron elegibles a principios de este año por primera vez desde 2017.

A cinco años de que los estudiantes pidieron a UNR que protegiera a su población inmigrante, el puesto de Mazariego está vacante, ya que busca seguir apoyando a la comunidad inmigrante; esta vez como terapeuta con licencia.

La ausencia de Mazariego en UNR deja un vacío para los estudiantes indocumentados y beneficiarios de DACA, lo que llevó a los universitarios a pedir otra vez que se continúe financiando el puesto en medio de los recortes presupuestarios causados ​​por la pandemia. 

Los estudiantes perseveran otra vez

Hace unas semanas, la UNR respondió al llamado de los estudiantes al publicar en Internet la vacante disponible para el puesto, concretando los esfuerzos para seguir apoyando a los estudiantes indocumentados y beneficiarios de DACA.

El Centro de Investigación Latino de UNR se sumó a la petición de los estudiantes en 2016 y continúa apoyándolos.

“Como universidad, nuestro trabajo es identificar personas talentosas y fomentar ese talento independientemente del estatus de su documentación”, escribió el coordinador del centro, J. Diego Zarazua en un correo electrónico a The Nevada Independent.

Avance y lecciones aprendidas 

Mazariego cree que la defensa del apoyo a estudiantes indocumentados e inmigrantes no debería detenerse en un puesto, sino continuar con mayores cambios en las políticas institucionales y estatales.

Mazariego hizo referencia a AB213, un proyecto de ley que brindaría tasas de matrícula estatales a cualquier graduado de una preparatoria de Nevada, independientemente de su ciudadanía. El proyecto está pendiente de evaluación en la Legislatura.

“No podemos tener terapeutas clínicos, no podemos tener más enfermeras y médicos, si no cambiamos esta política de institución porque es muy caro pagar la matrícula de otro estado como estudiante de posgrado”, dijo Mazariego. “Entonces, la lucha sigue, y espero que la próxima persona pueda continuar con este trabajo".

Grupo de Las Vegas participa en huelga de hambre en D.C. para abogar por estatus permanente para TPS

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Habitantes de Las Vegas quienes participaron en una protesta migratoria en Washington, D.C. De izquierda a derecha: Emily Hernandez, Maria Mendoza, Francis Garcia y Nazareth Jimenez. (Humberto Sanchez/The Nevada Independent).

Tres mujeres de Las Vegas de raíces hondureñas participaron en una protesta en la capital de la nación presionando al Congreso para que otorgue un estatus migratorio permanente al Estatus de Protección Temporal (TPS).

Lo anterior tuvo lugar la semana pasada bajo el marco del primer discurso del Presidente Joe Biden en una sesión conjunta del Congreso en la que promocionó los logros de sus primeros 100 días de gobierno.

En su discurso, Biden también instó a que el Congreso reforme el sistema de inmigración, incluyendo otorgar un camino a la ciudadanía para los DREAMers, como se conoce a quienes fueron traídos al país ilegalmente cuando eran niños, y a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), que permite a personas de países donde hay guerras o desastres quedarse en los Estados Unidos.

Un grupo de cinco habitantes de Las Vegas se encontraba en Washington, D.C para presionar a los legisladores a tomar acción.

Francis García, quien trabaja en la franja de casinos de Las Vegas, su hija Nazareth Jiménez, y María Mendoza, cocinera en el restaurante The Egg and I en Las Vegas, participaron en una breve huelga de hambre.

Las tres mujeres pasaron tres días sin comer y fueron las últimas de una serie de beneficiarios TPS y simpatizantes de todo el país que hicieron el ayuno para resaltar su difícil situación. La protesta duró 43 días en Freedom Plaza, cerca de la Casa Blanca.

“Queremos la residencia permanente”, dijo Mendoza en entrevista, y quien ha vivido en Nevada desde 1997. “Hemos apoyado a este país, hemos trabajado en este país y hemos vivido la mayor parte de nuestras vidas en este país. Así que nuestro mensaje para el Presidente Biden y el Congreso es actuar y darnos la residencia permanente”.

La Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley en marzo que daría un camino a la ciudadanía para DREAMers, beneficiarios del TPS y quienes reciben Salida Forzada Diferida (DED).

El TPS y el DED permiten que personas de ciertos países designados permanezcan en los EE. UU. por motivos humanitarios, pero el Senado no ha aceptado el proyecto de ley.

Un grupo de senadores, incluyendo la Demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto, están sosteniendo conversaciones informales acerca de un posible compromiso, pero no parecen estar cerca de llegar a un acuerdo.

Las tres huelguistas fueron acompañadas por otros dos habitantes de Las Vegas quienes se unieron como apoyo moral: José López, titular del TPS de Honduras, y Emily Hernández, quien participó en la huelga hace un mes, es ciudadana estadounidense, e hija de un beneficiario TPS salvadoreño.

El hermano de Hernández es un DREAMer amparado por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), programa que permite trabajar y protege de la deportación a inmigrantes traídos ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran niños.

"Soy la única ciudadana estadounidense en mi familia", dijo Hernández. "Siempre supe que era mi deber usar mi voz para ellos y hablar sobre este tema y también para los 11 millones de inmigrantes que no tienen un estatus".

El grupo de Las Vegas se reunió en la protesta con un representante de la oficina de Cortez Masto. Miembros de Las Vegas TPS Alliance suelen ir todos los años a D.C. para reunirse con los representantes de Nevada en el Congreso, pero el edificio de la capital ha estado cerrado a los visitantes desde marzo debido a las restricciones por COVID-19.

La Congresista Demócrata por Nevada Dina Titus dijo que espera que Biden extienda el plazo de octubre para los beneficiarios de TPS de Honduras y El Salvador, pero los manifestantes quieren algo permanente en lugar de vivir con la posibilidad de que algún día sean deportados.

Hernández dijo que hasta que se apruebe una ley, ella vive con el temor de que "todavía van a sacar [del país] a nuestros padres".

Alguaciles de Nevada firman carta culpando a políticas fronterizas de Biden por inmigración ilegal masiva

The U.S. Citizenship and Immigration Services building in Las Vegas

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Nueve alguaciles de Nevada de condados rurales y Carson City firmaron una carta culpando a las políticas del Presidente Joe Biden por el aumento en actividad criminal relacionada con la inmigración ilegal.

Los alguaciles también instaron al presidente Demócrata a adoptar las políticas fronterizas de la administración Trump, incluyendo reanudar la construcción del muro.

Un grupo de 274 alguaciles escribió a principios de este mes que sus recursos policiales se están "saturando" por actividad delictiva relacionada con un aumento en la inmigración ilegal, específicamente pandillas transnacionales, armas, drogas y trata de personas como los peligros que enfrentan.

La carta no cita evidencia específica de esos reclamos y se enfoca en culpar a Biden por la crisis en la frontera — una postura que se discute, debido a que su gobierno ha evitado activamente el uso de la palabra crisis, a diferencia del Partido Republicano — mientras que los defensores de los inmigrantes criticaron la carta por describir incorrectamente a los inmigrantes como criminales violentos.

Ninguno de los alguaciles de los centros urbanos de Nevada — Joe Lombardo en el Condado Clark y Darin Balaam en el Condado Washoe — firmó la carta. La oficina de Balaam no respondió a solicitudes de comentarios este jueves.

El viernes por la mañana, un vocero del Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas indicó que Lombardo no había visto la carta.

Muchas afirmaciones acerca de una crisis en la frontera se basan en datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los EE. UU. sobre sus encuentros con migrantes. Esos números muestran que los encuentros en la frontera sur variaron entre 70,000 y 80,000 de octubre a enero, antes de aumentar a 101,000 en febrero y a más de 172,000 en marzo.

Sin embargo, Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV), explicó que con el cierre fronterizo debido a la pandemia a la mayoría de los solicitantes de asilo, un migrante al que se le niega el asilo y es expulsado podría volver a la frontera nuevamente, creando un otro encuentro con la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, lo que significa que un nuevo encuentro no es necesariamente un otro migrante que llega a la frontera.

El número de encuentros en febrero y marzo también es similar a las cifras a mediados de la presidencia de Trump, ya que los encuentros fronterizos superaron los 100,000 por mes de marzo a junio de 2019.

"En 2019, la cantidad de personas que se acercaban a la frontera aumentó muy rápidamente y no creo que estos alguaciles se quejen de Donald Trump", dijo Kagan.

El Alguacil de Carson City, Ken Furlong, dijo a The Nevada Independent que firmó la carta porque estaba preocupado por el tema de los inmigrantes que ingresan ilegalmente al país y "causan estragos en nuestras comunidades". También señaló que si bien está de acuerdo con la intención de la carta, no necesariamente estaba de acuerdo con el lenguaje que se utilizó.

Los otros ocho alguaciles que firmaron no estuvieron disponibles o no respondieron a una solicitud de comentarios el jueves por la tarde.

La carta ha sido criticada por defensores de los inmigrantes como la directora organizadora de la Alianza de Liderazgo Progresista de Nevada Erika Castro, quien es beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

“Es muy desalentador saber que tenemos alguaciles en nuestro estado de Nevada que tienen esos sentimientos antiinmigrantes”, comentó a The Nevada Independent. "Al final del día, si realmente están aquí para proteger y servir a nuestra comunidad, eso incluye a todos".

Biden ha continuado con una política de la era Trump llamada Título 42, que fue invocada por primera vez durante la pandemia por los Centros para el Control de Enfermedades de EE. UU. El 20 de marzo de 2020. 

Desde entonces, el Título 42 ha permitido al gobierno federal cerrar la frontera sur a viajes no esenciales y expulsar a los solicitantes de asilo en la frontera. 

Aunque la administración Biden ha otorgado asilo a menores no acompañados que llegan a la frontera, el gobierno de Trump había estado haciendo lo mismo desde fines de noviembre, cuando un juez federal impidió que la administración Trump expulsara a niños migrantes bajo el Título 42.

"Me parece que ahora estamos surgiendo un patrón en el que cuando hay un presidente Demócrata, los gobernadores fronterizos Republicanos dan la alarma de que hay una emergencia", dijo Kagan. “Creo que eso también es mucho hablar, y no una contribución seria a los retos de política de inmigración que enfrentamos”.

Senadora Cortez Masto pide a Biden crear grupo de trabajo para dirigir fondos federales a comunidades latinas

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La Senadora Demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto pidió la creación de un grupo de trabajo para dirigir fondos del Plan de Infraestructura Estadounidense de $2 trillones de dólares propuesto por la Casa Blanca, a latinos y comunidades necesitadas.

Lo anterior tuvo lugar este martes, cuando Cortez Masto se reunió con el Presidente Joe Biden y la Vicepresidente Kamala Harris. 

La población de Nevada es 29 por ciento latina, por lo que dirigir los fondos del nuevo paquete de infraestructura hacia la comunidad sería favorable para el estado.

Cortez Masto comparó su petición con la creación del Grupo de Trabajo de Equidad en Salud COVID-19 establecido por la Casa Blanca, que ayudó a dirigir fondos a comunidades de color como parte de los  $1.9 trillones de dólares del Plan de Rescate Estadounidense firmado en marzo.

El grupo de trabajo COVID-19 ha tratado de ayudar a las comunidades latinas y otras minorías que han tenido altas tasas de infección y bajas tasas de vacunación en comparación con otros segmentos de la población.

Cortez Masto dijo que su grupo de trabajo abordaría las disparidades en vivienda, educación y otras áreas, contribuyendo a que los latinos en Nevada tengan un ingreso familiar promedio de $51,995, según un informe reciente de la Oficina del Censo de los EE.UU

A nivel nacional, el ingreso medio de los hogares latinos es de $51,118; menos que los $68,785 que obtienen las familias anglo.

Antes de la reunión, Biden reconoció la necesidad de apoyar a la comunidad latina.

“Estados Unidos, en nuestra opinión, y lo digo sinceramente, no puede tener éxito a menos que las familias hispanas prosperen”, dijo Biden.

Cortez Masto también mencionó la necesidad de una "fuerza laboral capacitada" y "eso incluye a muchos en la comunidad latina, por lo que era importante para mí hablar con él [presidente] acerca de la educación y apoyo a nuestras instituciones que sirven a los hispanos".

Algunos Republicanos del Senado, como la Senadora de West Virginia Shelley Moore Capito, han criticado el plan de Biden por ser demasiado amplio y costoso, por lo que están trabajando en una contrapropuesta que se podría conocer "con suerte para el fin de semana", dijo Capito este martes.

Cortez Masto también instó a la Casa Blanca a ayudar a que negocios propiedad de minorías tengan acceso a capital y crédito durante la recuperación económica. 

Otros temas que se abordaron en la reunión incluyeron la necesidad de reformar las leyes de inmigración y la revocación de Biden en los límites establecidos por la administración del ex Presidente Donald Trump acerca de la cantidad de refugiados que pueden ingresar a los EE.UU.

Los Demócratas criticaron a Biden la semana pasada por mantener los límites de refugiados para el año fiscal actual en el nivel de 15,000 establecido por el Presidente Donald Trump, pero Biden cambió de rumbo después de la reacción en contra. Mantener ese límite habría violado la promesa para aumentarlo que hizo en febrero.

Cortez Masto agregó que un grupo de 16 Senadores — ocho Demócratas y ocho Republicanos — que están analizando la posibilidad de un proyecto de ley de inmigración bipartidista, se reunirá por segunda vez esta semana.

Se espera que el Caucus Hispano del Congreso se reuna proximamente con Harris para abordar las causas fundamentales de la inmigración ilegal. Harris encabeza el esfuerzo de la Casa Blanca para detener el flujo de cruces ilegales en la frontera sur.

La reunión de Cortez Masto tuvo lugar después de que el Congresista Demócrata por Nevada Steven Horsford se reunió con Biden y Harris la semana pasada como parte del Caucus Afroamericano del Congreso.

Gran retroceso en iniciativa que frenaría colaboración de policía local con oficiales de inmigración

Clark County Detention Center

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés.

Un proyecto de ley que inicialmente proponía limitar gran parte de la colaboración entre las autoridades federales de inmigración y las fuerzas del orden locales apenas y sobrevivió una fecha límite; un ejemplo de lo políticamente riesgoso que ha sido el tema sesión tras sesión, incluso para legisladores Demócratas.

La iniciativa AB376, patrocinada por la Asambleísta Demócrata Selena Torres, eliminó el lenguaje que traza una línea entre la aplicación de la ley de inmigración y la policía local para recobrar la confianza entre la policía y las comunidades inmigrantes.

Lo que queda es una propuesta para crear el Grupo de Trabajo Keep Nevada Working, encargado de encontrar formas de fortalecer la fuerza laboral inmigrante, un llamado al fiscal general para desarrollar un modelo de políticas sobre temas de inmigración y medio millón de dólares para apoyar la defensa contra la deportación a través de la Escuela de Derecho Boyd de la Universidad de Nevada Las Vegas, UNLV.

Erika Castro, directora de organización de la Alianza de Liderazgo Progresista de Nevada, dijo que las partes que se eliminaron del AB376, son las que más le entusiasmaban a ella y a otros defensores de los inmigrantes; y agregó que ahora su prioridad es que lo que resta del proyecto se mantenga en el Senado.

“Y que de hecho el Gobernador Sisolak lo firme como ley”, agregó.

La transformación del proyecto de ley fue una de las más dramáticas antes de una fecha límite este martes para que las iniciativas superaran la primera sesión en el pleno. 

La Líder de la mayoría Demócrata de la Asamblea, Teresa Benitez-Thompson, quien figura como patrocinadora de la enmienda primaria que elimina las disposiciones más controvertidas de AB376, dijo que la propuesta de enviar medio millón de dólares a la clínica de Inmigración de UNLV era para "ayudar a nuestros colaboradores que están en las trincheras", y agregó que la clínica informó que no podía satisfacer la demanda de servicios legales pro bono para menores no acompañados y otras personas que enfrentan la deportación.

Benitez-Thompson indicó que la clínica informó que no podía satisfacer la demanda de servicios legales pro bono para menores no acompañados y otras personas que enfrentan la deportación.

“Si sienten que están detenidos ilegalmente, sienten que están siendo acosados, tendrán un lugar adonde ir y obtener ayuda”, dijo. "Y, en última instancia, esta fue nuestra solución sobre cómo hacer que el sistema sea más justo, más justo para ellos".

La falta de una reforma migratoria durante décadas, sin importar qué partido político está en el poder, continúa debilitando la confianza entre los inmigrantes, dijo Castro. Algunos de ellos en Nevada expresaron optimismo cuando el Presidente Joe Biden derrotó a Donald Trump el año pasado, pero el escepticismo permanece.

“Hemos estado esperando una forma de alivio a nivel federal durante más de 30 años”, dijo Castro, quien es beneficiaria de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). "Realmente necesitamos que nuestros funcionarios electos cumplan las promesas que hicieron en la campaña electoral, ahora que están en el cargo y tienen el poder para poder hacer algo".

Castro resaltó los repetidos intentos de abordar a nivel estatal la colaboración entre las agencias locales de policía y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y dijo que, si bien el esfuerzo más reciente del proyecto AB376 se ha diluido, es un progreso significativo con respecto a años anteriores.

"Esto es lo más lejos que hemos llegado con una legislación como esta", dijo. “Y seguiremos regresando hasta que se convierta en una ley, porque creo que al final del día, las deportaciones no se detienen, aunque tengamos un presidente Demócrata. Así que vamos a seguir impulsando estas políticas porque nuestras comunidades se lo merecen y necesitan ese alivio".

En esta sesión, el proyecto de ley de Torres enfrentó la oposición de las agencias de policía y de los críticos, que volvieron a argumentar que convertiría a Nevada en un “estado santuario” y alejaría a los turistas.

El Asambleísta Demócrata Edgar Flores, quien preside la comisión en la que se aprobó el proyecto de ley de Torres en su forma original hace unas semanas, reconoció que cambios en programas como el 287(g) son difíciles de explicar y la gente le tiene "miedo a esa conversación". 

“Creo que la inmigración es un tema tan intimidante para cualquiera. No importa de qué lado estés”, dijo Flores en entrevista. “Y es un tema muy pesado. Porque políticamente, es muy fácil que se convierta en algo que no es".

Por ahora, Castro y otros defensores de los inmigrantes están enfocados en conseguir apoyo para que el proyecto de ley llegue hasta el escritorio de Sisolak, y en trabajar con líderes estatales para garantizar que un posible cuarto intento de avanzar legislación como AB376 no se quede atorado en el proceso.

“Nuestras comunidades han esperado lo suficiente, especialmente con la pandemia, sabiendo que se quedaron fuera de los recursos financieros, de cualquier apoyo”, dijo Castro. "Estar en un estado donde tenemos la mayor población de inmigrantes per cápita, creo que nos coloca en un lugar donde realmente necesitamos ser intencionales sobre cómo estamos incluyendo y apoyando a nuestras comunidades indocumentadas".

Avanza proyecto de ley en Nevada para limitar colaboración de la policía con oficiales de inmigración

Clark County Detention Center

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés publicada en The Nevada Independent.

Luego de escuchar historias de familias afectadas por deportaciones, incluyendo un niño de 13 años quien intentó suicidarse cuando su padre pasó un mes en detención migratoria, este miércoles un comité legislativo votó para limitar la cooperación de la policía local con las autoridades federales de inmigración.

El Comité de Asuntos Gubernamentales de la Asamblea votó 8-5 para avanzar el proyecto de ley AB376 patrocinado por la Asambleísta Demócrata Selena Torres.

Entre otras cosas, la propuesta prohíbe que las fuerzas del cumplimiento del orden detengan a una persona a petición de las autoridades migratorias a menos que haya una orden de arresto para ese individuo.

El proyecto, que declara que el propósito principal de las fuerzas locales del orden no es aplicar la ley de inmigración federal civil, también requiere que la policía advierta a las personas que responder acerca de su lugar de nacimiento se podría usar en su contra en procedimientos de deportación.

La iniciativa es parte de una larga lucha entre defensores de los inmigrantes y agencias policiales acerca de prácticas como encarcelamientos por más tiempo de lo que se haría en caso contrario para dar a oficiales de inmigración la oportunidad de mantener a internos bajo su custodia.

Si bien algunas agencias han terminado sus asociaciones formales 287(g) con el gobierno federal, activistas dicen que aún existe una colaboración menos formal y pueden convertir arrestos por infracciones menores en deportaciones que alteran la vida y dividen a la familia.

Así testificó Jennifer Antonio acerca de lo le sucedió a su esposo, un inmigrante indocumentado, en agosto de 2019.

Antonio dijo que su hijo Ethan, entonces de 11 años, trató de escapar durante un episodio causado por el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) que padece. Cuando el padre de familia agarró al niño de la chaqueta para detenerlo, alguien llamó a la policía. Tanto el niño como el esposo fueron arrestados.

El niño fue entregado a su madre poco después, pero el padre de familia estuvo detenido durante nueve meses y las autoridades dijeron que no podía salir bajo fianza porque estaba en bajo retención de inmigración. Al tener menos supervisión, Ethan comenzó a comportarse mal, deprimirse, e incluso intentó suicidarse.

“Mi padre salió de inmigración tres días antes de mi cumpleaños, y ese fue el mejor regalo que pude haber tenido”, testificó Ethan. “Ahora él está en casa y me siento mejor, pero aún vivimos con temor de que vengan por mi padre. Por favor, paren de alejar a las personas de sus familias. No está bien."

Los opositores del proyecto de ley cuestionaron si evitaría que las autoridades atrapen a criminales peligrosos que han violado las leyes de inmigración.

La Asambleísta Republicana Annie Black hizo referencia a un artículo acerca del arresto de dos hombres yemeníes detenidos por la Patrulla Fronteriza que habían estado en una lista de vigilancia terrorista, y preguntó si el proyecto de ley evitaría que la policía local ayude a detenerlos.

“No hay nada que impida que ICE [Servicio de Control de Inmigración y Aduanas] haga su trabajo”, respondió Torres. "Además, en la legislación está muy claro que si hay una orden federal, aún pueden detener a esas personas y serían transferidas a custodia de ICE".

El proyecto de ley prohibiría que las fuerzas del orden público estatales y locales utilicen dinero o personal de la agencia para investigar, interrogar o arrestar a personas con fines de aplicación de la ley de inmigración, y especifica que la policía no debe detener a alguien únicamente con el fin de determinar su estatus migratorio.

La iniciativa también prohíbe que las agencias locales permitan que funcionarios federales de inmigración interroguen a internos que están bajo custodia local acerca de asuntos no penales, a menos que la entrevista sea voluntaria o esté respaldada por una orden judicial.

Las agencias policiales se opusieron al proyecto de ley. Chuck Callaway, cabildero del Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas, dijo que es legítimo preguntar a los arrestados acerca de su lugar de nacimiento porque la policía tiene que notificar a países como China y Arabia Saudita cuando sus ciudadanos son arrestados.

Miembros del público que se oponen al proyecto dijeron que le daría a Nevada una reputación de "estado santuario" que podría alejar a los turistas e invitar al crimen.

Pero partidarios argumentaron que establecer una división más clara entre la policía local y los agentes federales de inmigración crearía una comunidad más segura.

Sylvia Lazos, profesora de la Escuela de Derecho Boyd de la Universidad de Nevada, Las Vegas (UNLV), señaló que casi la mitad de los estudiantes del Distrito Escolar del Condado Clark tienen uno o más padres inmigrantes, y algunos de ellos son indocumentados.

La audiencia y la votación fueron los primeros pasos del proyecto de ley, que ahora se dirige a la Asamblea para una posible votación.

Cámara de Representantes aprueba proyecto para legalizar a DREAMers y beneficiarios del TPS; requiere aprobación del Senado

The U.S. Capitol

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés.

Esta semana, la Cámara de Representantes aprobó una legislación que otorgaría un camino hacia la ciudadanía a casi 2.5 millones de personas traídas ilegalmente a los Estados Unidos cuando eran niños, incluyendo a 12,000 quienes viven en Nevada.

Con 228 votos a favor y 19 en contra, la Cámara aprobó la Ley Promesa y Sueño Americano (The American Dream and Promise Act). Todos los Demócratas votaron a favor de la medida junto con nueve Republicanos.

El proyecto de ley abriría un camino hacia la ciudadanía para los DREAMers, y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), así como para los beneficiarios de Salida Forzada Diferida (DED).

La Cámara también aprobó una legislación que ofrecería un camino hacia la ciudadanía para trabajadores agrícolas. Ese proyecto de ley pasó con 247 a favor y 174 en contra, con 30 miembros del Partido Republicano uniéndose a todos menos un Demócrata.

Bajo el nuevo proyecto de ley, cualquier persona que haya estado en los EE. UU. desde el 1 de enero y tenía 18 años o menos en esa fecha, podrá solicitar una residencia condicional de 10 años. También deberá cumplir con varios requisitos, incluyendo no ser inadmisible por razones relacionadas con la salud, contrabando, o abuso de visas de estudiante.

Esas personas podrían solicitar la residencia después de obtener un título universitario, completar al menos dos años de educación postsecundaria, servir en el ejército durante dos años, o haber estado empleados durante al menos tres años. Y como residentes permanentes, entonces podrían solicitar la ciudadanía después de cinco años, al igual que otros titulares de las llamadas green cards.

Según el Consejo Americano de Inmigración, al menos 12,000 DREAMers viven en Nevada. Hasta marzo de 2020, esa es la cantidad de nevadenses que participaban en la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

La Congresista Demócrata por Nevada Dina Titus dijo que más de 40,000 inmigrantes en Nevada son elegibles para las protecciones bajo el proyecto de ley. Eso incluye a los beneficiarios de DACA, TPS y DED.

La iniciativa de ley permitiría a los beneficiarios del TPS; elegibles para TPS desde 2017, y a los beneficiarios de DED; elegibles para DED desde enero, solicitar inmediatamente su residencia. Después de cinco años como residentes permanentes legales, serían elegibles para solicitar la ciudadanía. Los beneficiarios del TPS y del DED también tendrían que haber residido en los EE. UU. durante tres años antes de la promulgación del proyecto de ley.

Unos 4,000 beneficiarios de TPS viven en Nevada. (A los venezolanos se les ofreció recientemente TPS y DED).

Si se convierte en ley, esta iniciativa suplantaría el programa DACA, que fue implementado por el Presidente Barack Obama. DACA podría ser modificado o eliminado por futuros presidentes, tal como lo intentó la administración del Presidente Donald Trump. 

Aunque la Corte Suprema falló en junio 2020 calificando el esfuerzo de Trump de arbitrario y caprichoso, el tribunal admitió que está dentro de la autoridad del presidente derogar o terminar el programa, lo que deja a DACA con la necesidad de una solución legislativa más duradera.

Mientras tanto, las posibilidades de que se adopten las medidas en el Senado aún no están claras. Con un Senado dividido 50-50, se necesitan diez Republicanos sumados a todos los Demócratas para obtener los 60 votos necesarios para terminar el debate una vez que las medidas lleguen al pleno.

Venezolanos en Nevada dan la bienvenida a medida federal que protege a inmigrantes que huyen de ese país

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés.

Alberto Enriques es habitante de Las Vegas y ha vivido en los Estados Unidos durante 26 años, pero dice que el amor por su país natal, Venezuela, "nunca muere", por lo que le duele y frustra ver la devastación que la inestabilidad política ha traído a algunos de sus compatriotas.

Esta semana, el gobierno federal tomó medidas para otorgar estatus legal a los inmigrantes venezolanos que huyen de ese país en medio de la agitación política.

A principios de esta semana, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aprobó la medida para designar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes de Venezuela. Este TPS entró en vigencia este martes y vence en septiembre de 2022. La designación de TPS también permitirá que los inmigrantes elegibles trabajen legalmente en los EE. UU.

Según el documento federal, la designación TPS se otorgó porque Venezuela enfrenta una "emergencia humanitaria severa", que incluye una crisis económica y política, altas tasas de pobreza y desempleo, inseguridad alimentaria, acceso limitado a medicamentos, y un sistema médico severamente debilitado, entre otras razones.

Venezuela se une a varios países que ya cuentan con TPS, incluyendo Siria, El Salvador, Haití y Honduras.

Brookings Institution reveló que, desde 2015 hasta 2019, casi el 16 por ciento de la población de Venezuela huyó de ese país; lo que equivale a 4.6 millones de refugiados.

Durante años recientes, muchos venezolanos han sido arrestados o asesinados en protestas contra el gobierno debido a que la inflación económica hizo que alimentos y artículos básicos de higiene personal fueran inaccesibles para la población en general.

“No vemos un futuro al momento en Venezuela”, dijo Enriques a The Nevada Independent en Español. 

Enriques agregó que, si bien ha establecido una familia y un hogar en los Estados Unidos, espera que se otorgue la libertad a los venezolanos en su propio país, para que puedan regresar si así lo desean.

“Debemos luchar por mejorar nuestro país”, dijo. “La lucha sería hacer Venezuela el país que era para que no haya tanta gente inmigrando”.

Venezolanos en Las Vegas han hecho esfuerzos públicos en años recientes para resaltar en el exterior la agitación que existe en ese país.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) cobra $545 a personas entre 14 y 65 años que solicitan el TPS y autorización de trabajo. Los menores de 14 años pagan $50, y los mayores de 66 pagan $135.

Además de la designación de TPS, el gobierno federal también está implementando el estatus de Salida Forzada Diferida (DED) para venezolanos en los EE. UU.

Dicha política es una suspensión de expulsión autorizada por el presidente y no es un estatus migratorio específico; pero, protege de la deportación durante un cierto tiempo a quienes cuentan con esa cobertura. En este caso, venezolanos que llegaron a los EE. UU. el 20 de enero de 2021, o después, están protegidos contra la deportación hasta julio de 2022.

Debido a que no es un estatus migratorio formal, los venezolanos no necesitan solicitar una salida forzada diferida. La protección también permite que los inmigrantes de ese país soliciten una autorización de trabajo mientras se encuentran en los EE. UU.

Sin embargo, los inmigrantes venezolanos que se determine que son una amenaza para la seguridad pública o nacional, entre otros puntos, aún pueden ser expulsados del país.

Según Migration Policy Institute, la población de inmigrantes venezolanos en los EE. UU. ha aumentado en un 54 por ciento desde 2015, situándose en casi 400,000. En 2018 ese organismo también encontró que, de 2014 a 2018, al menos 1,200 inmigrantes venezolanos vivían en el sur de Nevada.

Enriques dijo que ha visto ese crecimiento en Las Vegas a través de los años. Por ahora, él indicó que espera que la gente siga luchando para liberar a Venezuela de lo que llamó una dictadura bajo la administración actual del Presidente Nicolás Maduro.

“Que la gente no pierda la fe, que sigamos luchando, que no dure cien años, algún día saldremos de esta dictadura y seremos un país próspero, tener fe y también luchar por ello”, dijo.