Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

Francis García ha visto como una "tranquilidad" las protecciones legales que durante 20 años le ha otorgado en los Estados Unidos el Estatus de Protección Temporal (TPS). Pero este lunes durante una conferencia de prensa en el centro de Las Vegas, pidió la residencia permanente para los beneficiarios del programa.

Originaria de Honduras, Garcia trabaja como camarera en un casino en Las Vegas, pero con la decisión de la administración Trump de poner fin al TPS para seis países y un fallo judicial reciente que permite que el gobierno federal continúe con esos planes, ella, al igual que miles de titulares del programa, podrían perder su permiso de trabajo en enero y tendrían que abandonar el país el próximo año.

El evento del lunes fue parte de una campaña nacional para exigir la residencia permanente para los más de 400,000 beneficiarios del TPS en los Estados Unidos, incluyendo más de 4,000 en Nevada. 

El TPS otorga estatus legal a personas de países considerados como inseguros por el Departamento de Seguridad Nacional debido a guerras, desastres naturales u otras crisis. 

El recorrido en autobús "Camino a la Justicia" del grupo defensor de los inmigrantes Alianza Nacional TPS partió de Los Ángeles el lunes pasado y recorrerá todo el país hasta el 13 de noviembre hasta llegar a Washington, D.C. para solicitar al Congreso la residencia permanente para los beneficiarios; destacar el trabajo de los inmigrantes durante la pandemia y alentar a los votantes elegibles a acudir a las urnas el 3 de noviembre.

El autobús "La Libertad", cubierto con un arcoíris de retratos de trabajadores esenciales, pacientes de COVID y familias, pasó varias veces por la calle durante la conferencia de prensa. 

Casi 450,000 ciudadanos estadounidenses viven con un beneficiario del TPS. De ellos, 280,000 son menores de 18 años y enfrentarían un futuro incierto si expira el TPS y sus padres son deportados.

Tres niños expresaron ante los asistentes que sentían incertidumbre ante lo que les podría pasar si sus padres son deportados. Una de ellas, estudiante de secundaria, dijo que sus hermanos mayores están muy jóvenes como para cuidarla y que, además de ellos, su única familiar en la ciudad es su tía, otra beneficiaria del TPS quien tiene tres hijos. Una niña de 10 años dijo entre titubeos que tendría que irse a un hogar temporal.

Garcia indicó que si ella tiene que regresar a Honduras, entonces su hija mayor se tendría que hacer responsable de sus dos hermanos nacidos en los Estados Unidos. 

"No es solo de irme o darle la responsabilidad a ella, sino que mi corazón se va a quedar aquí. Es imposible cambiarse lejos de tus hijos", dijo Garcia. "Con todo el dolor de mi corazón, se tendrían que quedar porque mi país no es un lugar para que se queden mis hijos. No sólo porque es un lugar muy pobre, sino porque tampoco van a tener las oportunidades que tienen aquí. Y este es su país. Este es su país. Así que llevar a mis hijos allá es arrebatarles todas las oportunidades de sus manos".

Este es el segundo recorrido nacional en autobús de la Alianza Nacional TPS y da seguimiento al primero, que se hizo en 2018. Martínez comentó a The Nevada Independent que la campaña está tomando las precauciones necesarias para proteger del coronavirus a los pasajeros y participantes, incluyendo pruebas periódicas COVID-19.

Si bien el comité local del TPS anteriormente se ha reunido con legisladores federales, incluyendo la Senadora Demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto, Garcia dijo que todavía están esperando respuesta de representantes acerca de las juntas.

Un portavoz de la oficina de Cortez Masto dijo que la Alianza Nacional TPS no había solicitado una reunión con la senadora antes del evento del lunes, pero que Cortez Masto planea reunirse con los organizadores en el futuro.

Además de la residencia permanente para los titulares del TPS, Walter Martinez, miembro del Comité del TPS en Nevada y pasajero de autobús, dijo que también quiere ver una reforma migratoria integral que incluya protecciones para los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y para quienes están indocumentados sin ninguna protección.

Los tres niños que participaron en la conferencia de prensa del lunes también describieron cómo es ver que sus padres corren el riesgo de contraer el coronavirus por seguir trabajando y manteniendo a su familia.

Una niña, quien sostenía un letrero con el mensaje "¡Nos saltamos nuestras lecciones para enseñarte una!" resaltó los billones de dólares que su padre y otros beneficiarios del TPS pagan en impuestos. 

Un reporte de la Universidad del Sur de California, la Alianza Nacional TPS y el Centro para el Progreso Americano — de tendencia izquierdista — encontró que $4.6 billones en impuestos federales, estatales y locales cada año provienen de hogares con al menos un beneficiario del TPS, al menos una persona elegible para el TPS, o al menos una persona que forma parte de un programa similar de Salida Forzada Diferida.

Los oradores del comité local del TPS y del Centro de Trabajadores de Arriba Las Vegas pidieron a todos los votantes elegibles que acudan a las urnas en noviembre y los alentaron a seguir los mensajes en inglés y español de los letreros que portaron el lunes: voten "contra el racismo" y "contra el odio" y voten "por aquellos que no dividirán a la familia".

Garcia subrayó que sus hijos han estado observando a los políticos y su proceder en materia migratoria. "Quizás yo no pueda votar, pero mis hijos sí pueden hacerlo", dijo.

Esta nota se actualizó a la 1:25 p.m. el 30 de septiembre del 2020 para incluir información de la oficina de la Senadora Catherine Cortez Masto acerca de reunirse con la Alianza Nacional TPS.